La Fiscalía los imputó por concusión y privación ilegal de la libertad. El caso está relacionado con un robo ocurrido en Medellín.

Tres policías y dos civiles arrestados por exigir $20 millones a un detenido

Imputaron cargos a tres policías y a dos particulares porque habrían retenido ilegalmente a un hombre señalado de haber cometido un robo. Según la Fiscalía, los uniformados no entregaron a la autoridad competente al sospechoso, sino que le habrían exigido una millonaria suma a cambio de no judicializarlo.

Al intendente Jhon Geulis Palacio López y a los patrulleros Mauricio David Herrera Eraso y Jorge Esteban Arrieta Dávila, los capturaron porque presuntamente están relacionados con un caso de concusión ocurrido en Medellín.

Según las evidencias expuestas por el fiscal del caso en las audiencias preliminares, los uniformados se habrían confabulado con los hermanos Cristian Camilo y José Alberto Ríos Castañeda, para arrestar a un hombre señalado de haberles robado 10 millones de pesos a los dos parientes, en inmediaciones del Centro de Eventos La Macarena. Pero no habrían actuado bajo los preceptos de ley, y lo habrían retenido esposado durante tres horas en el barrio Naranjal, de Medellín, para exigirle 20 millones de pesos a cambio de no procesarlo por el delito de hurto, ni entregarlo a personas que lo podrían matar.

“A quien señalaron de haber hurtado momentos antes a Cristian Camilo Ríos Castañeda, la suma de 10 millones de pesos con violencia sobre las personas. Luego de consumado el hurto de que fueron víctimas, se logró la entrega de 10 millones de pesos por parte de Valeria Taborda Aguilar, por lo que decidieron judicializar a Maicol Andretti Zapata Martínez, porque no entregara los 20 millones completos”: indicó el fiscal del caso.

La mujer, según las evidencias, habría recogido los 10 millones de pesos con aportes de familiares y un préstamo. El dinero del supuesto robo no apareció y el presunto ladrón finalmente quedó libre.

Ante un juez penal de Medellín, a los cinco procesados les imputaron cargos por los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica en documento público, pero ninguno los aceptó. La investigación continuará en estrados judiciales para demostrar la culpabilidad o inocencia de los tres policías y los dos hermanos.