Solo cuatro de los siete disidentes de las FARC, que fueron detenidos en una caravana de la UNP, serán procesados judicialmente debido a las órdenes de captura que aún están activas en su contra.
Foto: Gobernación de Antioquia
Dieciocho disidentes se trasladaban en siete camionetas de alta gama, acompañados por 11 funcionarios de la UNP. Tras la detención de esta caravana, las autoridades indicaron que únicamente cuatro cuentan con órdenes de captura vigentes y deberán enfrentar el sistema judicial.
La fiscal Adriana Camargo decidió liberar a alias “Oliver González”, alias “Urías Perdomo” y alias “Ramiro”. Aunque estas personas permanecen implicadas en la investigación por porte ilegal de armas de fuego, esta decisión generó debate sobre los límites de la intervención judicial en asuntos de seguridad nacional.
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“Serán dejados en libertad como consecuencia de la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno Nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz.” Fue lo que se expresó en el comunicado.
Entre los detenidos que deben rendir cuentas ante la justicia se encuentra alias “Firu”, máximo de la disidencia del frente 36 de las FARC en Antioquia. Esta persona logró evadir la captura del Ejército durante un disturbio ocasionado por la población en Anorí.
Alias “Firu” posee un extenso historial criminal que abarca más de diez años, incluyendo asesinatos de líderes sociales, tráfico de armamento, secuestros y reclutamiento forzado.
El director de la Unidad Nacional de Protección, entidad responsable de salvaguardar la seguridad de figuras en riesgo como líderes sociales y alcaldes, reconoció que se presentaron errores y que se transportaron disidentes que contaban con órdenes de captura. Esta situación es objeto de críticas en el país.
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En relación con este caso, alias “Andrey”, uno de los representantes de las disidencias que dialogan sobre la paz con el gobierno nacional, dijo en algunos medios que el operativo del Ejército fue una emboscada y alegó que el dinero que llevaban era para viáticos. Estas afirmaciones han suscitado diversas reacciones y planteado interrogantes sobre por qué transportaban a personas con órdenes de captura.
Por su parte, el gobernador de Antioquia aseguró que en ningún momento la UNP ni estas personas notificaron sobre la movilización de esas personas por la región.
