Durante varios días se negociaron los puntos que terminaron en un acuerdo para el levantamiento del paro de camioneros.  Foto: Mintransporte

El levantamiento del paro camionero fue un alivio para todos los colombianos. Tras varios días de intensa negociación, el Gobierno y líderes del gremio, llegaron a un acuerdo que hoy tiene al país en completa normalidad, después de cientos de bloqueos y de casi generar una crisis por desabastecimiento.

Pero ¿cómo es que en tan poco tiempo lograron un acuerdo entre posiciones tan encontradas, con tantas opiniones —hubo más de 1.100 líderes participando, 100 de manera presencial y el resto virtualmente— con un Gobierno que cedió, pero no como los transportadores esperaban? Punto por punto lo explicamos.

El primer tema del acuerdo es que el Gobierno deberá solicitar ante las autoridades correspondientes que se archiven los procesos penales y sanciones administrativas que se hayan impuesto durante la protesta. Es decir, que, si encarcelaron a algún manifestante, inmovilizaron su vehículo o le pusieron una multa, éste quedará eximido.

Incremento del ACPM

El segundo, es la modificación de la resolución 40350 del 29 de agosto de 2024, la manzana de la discordia entre el sector y el Gobierno. En esta tendrán que corregir el precio allí escrito, ya no será un aumento de $1.904 pesos, como lo tenían, sino que será de $800 pesos; $400 durante los primeros tres meses y otros $400 el próximo 01 de diciembre.

Asimismo, se suspenderán las futuras alzas del ACPM —a las cuales el Gobierno no renuncia— “hasta que no se logren las transformaciones estructurales en las relaciones económicas en el transporte de carga, del servicio especial y de pasajeros”. Significa lo anterior que los dos aumentos, para el 2025, no se realizarán hasta que se reestructure el sistema económico de los transportadores.

Sistema de costos y reforma laboral

El gobierno, por otra parte, tendrá que convocar, en máximo ocho días, unas mesas técnicas, con representación del sector, para que se incluya en el SICE-TAC (que calcula los costos de la operación de transporte) a vehículos de carca como volquetas, de líquidos, carga liviana, refrigerados, grúas y ‘niñeras’.

El Ministerio de Transporte, por otro lado, se comprometió a revisar la regulación actual del Registro Nacional de Carga —RNDC— y el SICE-TAC, para implementar mejoras en dichos sistemas, en donde deberá incluir al transporte público de pasajeros especial, colectivo y maquinaria amarilla.

Entretanto, el Ministerio de Trabajo se comprometió a incluir un artículo especial en la Reforma Laboral, en trámite, para el sector transportador y que puedan, entre otras cosas, acceder al sistema de salud y de pensión.

Vigilancia y proyecto de ley

La Superintendencia de Transporte, asimismo, tendrá que controlar y vigilar el Sistema de Información de Costos Eficientes y demás conductas que se constituyan en incumplimiento de las normas que regulan las relaciones económicas por parte de empresas de transporte de carga.

De la misma manera, se acordó “revisar y modificar la política de reposición vehicular, para garantizar la reposición uno a uno, incluyendo volquetas y vehículos de carga de dos ejes rígidos” y presentar ante el Congreso un proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio del sector transporte.

Por último, se deberá instalar una mesa de trabajo con los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía para reevaluar los futuros incrementos del ACPM, condicionados a que se cumpla todo lo aquí descrito.