Por cuenta de un contrato entre el Distrito Especial de Medellín y la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida que se quedó con las adecuaciones de la llamada Clínica de la 80, otras tres secretarias de la alcaldía de Daniel Quintero están bajo la lupa de Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público dictó pliego de cargos contra la exsecretaria de Salud, Andree Uribe Montoya; la exsecretaria General, Natalia Andrea Jiménez Pérez y la exsecretaria de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado Manjarrés.

Esto porque en el 2022 las funcionarias habrían avalado un contrato de transacción con la Clínica Vida por 12.000 millones de pesos para que se quedara con las adecuaciones que se realizaron en la Clínica de la 80, sin embargo, el municipio de Medellín invirtió, en el 2020, más de 23.000 millones de pesos en las mismas.

Para la Procuraduría evidentemente se generaron millonarias pérdidas, por más de la mitad de los recursos, de lo que se habría destinado en esos trabajos.

También determinó que el contrato se suscribió en una notaría por las tres exsecretarias quienes, presuntamente, habrían incurrido en falsedad ideológica en documento público.

Según las evidencias que tiene el ente de control, las funcionarias aseguraron que el contrato de transacción tenía la aprobación del Comité de Conciliación de la Alcaldía de Medellín, cosa que no habría sucedido pues no tenía la firma de su presidenta en ese entonces, Natalia Andrea Jiménez Pérez.