¿Por qué le van a imputar cargos al exalcalde Daniel Quintero? El origen de la investigación es el presunto manejo administrativo fraudulento que hubo durante su mandato con un lote ubicado en El Poblado.
La historia de presuntos hechos de corrupción por los que la Fiscalía ha llamado al exalcalde Daniel Quintero a una audiencia de imputación de cargos comenzó en 2019, durante la primera Administración municipal de Federico Gutiérrez. En diciembre de ese año el lote denominado Aguas Vivas, que está ubicado en El Poblado, fue cedido a la Alcaldía de manera gratuita por la empresa IDC Inversiones, como pago anticipado por obligaciones urbanísticas.
En ese momento el avalúo catastral fue de 2.711 millones de pesos, pero en la Administración de Quintero tuvo un aumento inusitado. El entonces secretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna, a quien también la Fiscalía citó para imputarle cargos, ordenó realizar un avalúo comercial al lote de 147.000 metros cuadrados, cuyo resultado superó los 42.000 millones de pesos.
«Con esa valoración ellos entran, muy hábilmente, supuestamente a demandar al Municipio, para que les paguen ese valor de 42.000 millones en una conciliación muy extraña, que es un requisito preprocesal para una demanda posterior. Entonces deciden que el Municipio también entra a representar, a responder, a defender a IDC, a decir que sí, que hagan una negociación y una conciliación por 40.000 millones de pesos», explicó la concejal y exdirectora de Fiscalía en Medellín, Claudia Carrasquilla.
Investigación contra Daniel Quintero evidencia que supuestamente se iban a quedar con un dinero
Esa jugada, según las evidencias que reposan en los expedientes de la Fiscalía, habría sido una negociación ilegal para supuestamente devolverle el lote a los propietarios que lo cedieron al Distrito mediante escritura pública. De por medio, al parecer, había un dinero considerable que pudo haber terminado en manos de los hoy investigados. El Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que era inviable realizar esa conciliación porque eran dineros públicos.
«Entonces lo que hacen es que Daniel Quintero emite un decreto con el que crea el supuesto Valle del Software en ese territorio. Para eso se salta las facultades legales que tiene el Concejo de Medellín, que es darle un cambio o un uso diferente al suelo, que estaba establecido por el POT. La ilegalidad parte de que emiten ese decreto y modifican lo establecido en el POT dándole uso diferente al suelo donde dicen, inclusive, que se se podían construir ecohoteles», añadió Carrasquilla.
Esa modificación de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial mediante el decreto es una de las razones por las que el próximo martes, 25 de marzo, a las 2:10 de la tarde, la fiscal Yarcely Mena Benítez, especialista en contratación estatal, les imputará cargos por a Daniel Quintero, 9 de sus exfuncionarios y 3 civiles por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
