Fiscalía asegura que con las obras de desviación del río Cauca se habría provocado un grave daño ambiental en la región. Foto: Archivo / TANoticias

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM; al representante legal del consorcio constructor CCC Ituango y al representante legal y gerente de la interventoría del proyecto.

De acuerdo con el ente judicial, esos altos funcionarios serían los presuntos autores de los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación, esto por cuenta de la construcción de sistemas de desviación del río Cauca en Hidroituango.

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“Los elementos materiales probatorios indican que la decisión de implementar el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) de Hidroituango, que se construyó para desviar el río Cauca, y la puesta en marcha de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) fueron concretados con la suscripción de actas de modificación bilateral a los contratos de obra principales y de interventoría”, indicó la Fiscalía.

Se habría favorecido a contratista

De acuerdo con los investigadores, los recursos de EPM habrían favorecido a los contratistas “a través de la celebración de las actas modificatorias para la ejecución de obras no licenciadas y efectivamente pagadas, por un valor superior a 339.107 millones de pesos”.

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Según la Fiscalía, se  impusieron a la generadora eléctrica un funcionamiento no previsto en el diseño original. Esto habría provocado “consecuencias negativas para los recursos naturales y el medio ambiente, y en la zona de influencia del proyecto, en la cuenca media y baja del río Cauca”.

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Por su parte, señalaron que desde el área Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango EPM, habría convenido estas decisiones “contrariando sus funciones en materia de gestión ambiental y social”.

¿Cuáles fueron los daños ocasionados?

La Fiscalía aseguró que pudo establecer que las obras se habrían realizado incumpliendo las normas ambientales ya que, según la investigación, no obtuvieron la modificación de la licencia ambiental. Aún así, avanzaron en las obras sin un estudio de impacto.

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“Se adelantaron sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunciara sobre los aspectos de compensación, mitigación, control, manejo, seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como los requerimientos sociales y ambientales”, agregaron.

Asimismo, según la Fiscalía, pudieron constatar que las mismas obras habrían provocado un daño irreparable al suelo, al recurso hídrico, la fauna y la flora de la región. Esto, a su vez, afectó a los pescadores, agricultores, mineros artesanales y demás pobladores residentes en el cañón del río Cauca que subsistían de estos. Los imputados no aceptaron cargos.