Continúan la polémica por el nombramiento de los gestores de paz. Foto: Archivo

El nombramiento de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz sigue generando controversia. Una demanda de nulidad contra la resolución 453 de 2024, emitida por el Gobierno Nacional, fue radicada ante el Consejo de Estado, argumentando que esta decisión carece de criterios claros y garantías para las víctimas.

Entre los designados figuran nombres que han marcado la historia reciente del conflicto armado, como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», y Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», entre otros.

Estos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han sido protagonistas de procesos judiciales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, pero algunos fueron expulsados por reincidencia delictiva o incumplimientos.

¿Qué implica ser un gestor de paz?

La figura de gestor de paz es parte de la estrategia de “paz total” promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este mecanismo busca integrar a diversos actores del conflicto en mesas de diálogo, con el objetivo de construir una paz sostenible y avanzar hacia la reconciliación nacional.

Sin embargo, el nombramiento de exjefes paramilitares ha desatado críticas por la falta de participación de las víctimas en el proceso y por las dudas sobre las verdaderas intenciones de esta medida. Según los demandantes, esta decisión podría estar en conflicto con el respeto a los derechos de quienes han sufrido el impacto del conflicto armado.

Críticas y preocupaciones de las víctimas

Organizaciones de víctimas han expresado su rechazo al nombramiento, señalando que no han sido consultadas ni reparadas adecuadamente antes de tomar esta decisión. Según los críticos, el proceso de diálogo debe enmarcarse en el respeto pleno a las garantías de las víctimas y debe priorizar su reparación integral antes de abrir nuevas mesas de negociación.

Implicaciones éticas y jurídicas

El debate no se limita a las críticas de las víctimas. Expertos en derecho y líderes de opinión han puesto en tela de juicio las implicaciones éticas y jurídicas del nombramiento. Algunos argumentan que designar a personas con antecedentes de crímenes graves como gestores de paz puede enviar un mensaje contradictorio sobre la lucha contra la impunidad en Colombia.

El gobierno, por su parte, ha defendido la resolución, señalando que la inclusión de estos líderes busca facilitar la construcción de acuerdos que aporten a una paz duradera. Sin embargo, los críticos se preguntan cuál será el marco jurídico para estas negociaciones y si ello podría implicar concesiones que afecten los derechos de las víctimas.

Una medida en el marco de la paz total

El nombramiento de los 18 exjefes paramilitares se enmarca dentro de la política de paz total del gobierno Petro, que busca negociar con diferentes actores armados, incluidos grupos disidentes de las FARC, ELN y organizaciones criminales.

Sin embargo, la polémica no ha sido ajena a esta estrategia. Desde su inicio, la paz total ha enfrentado cuestionamientos por la aparente falta de transparencia en algunos procesos y por los antecedentes de ciertos actores involucrados en las negociaciones.