La Alcaldía de Medellín y el ITM tuvieron que reconocer públicamente su responsabilidad por el asesinato de Márjorie Kísner, la psicóloga que fue asesinada mientras trabajaba para la administración local en 2008. El Consejo de Estado ordenó al distrito pedir perdón a la familia de la víctima, además de implementar acciones para los profesionales que en el campo se arriesgan a tantos peligros.