Analistas consideran que la decisión de segunda instancia de la Procuraduría en torno a Hidroituango y el pago de 450 millones de dólares al BID ameritan acciones para evitar que la ejecución de la obra se detenga. Algunos otros como el expresidente Álvaro Uribe proponen la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental por parte del Gobierno Nacional.
