La Fiscalía imputó cargos a 2 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y a un excontratista del ITM, por su presunta participación en irregularidades de un contrato interadministrativo de adecuación del espacio público y reparcheo de vías.
Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín; Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, y el excontratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos, fueron procesados en estrados judiciales. La Fiscalía les imputó cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Es un caso más de supuesta corrupción en la Alcaldía de Daniel Quintero.
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El contrato se firmó en un periodo en el que había restricción de este tipo de convenios por la cercanía de las elecciones regionales de 2023. Al respecto, en las audiencias preliminares el fiscal narró: «Se tramitó dicho contrato el 28 de junio de 2023 y se celebró a primera hora del día 29 de junio de ese año. A partir del 29 de junio de 2023 se encontraba prohibido para los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas de orden municipal y distrital, la celebración de contratos o convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos».
La millonada que los enreda en otro presunto caso de corrupción en la Alcaldía de Daniel Quintero
El proceso contractual ascendió a 16.000 millones de pesos y fue suscrito por la Secretaría de Movilidad. El objetivo era hacer demoliciones, movimientos de tierra y construcción de obras de urbanismo en el centro de Medellín y en los barrios Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal. El fiscal advirtió que dichas obras, por ser de carácter civil, debían gestionarse a través de la Secretaría de Infraestructura Física.
«Se trató de una maniobra para eludir procesos de contratación públicos transparentes. Con esto desconocieron lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993. La modalidad de contratación directa para los contratos de obra es la excepción a la regla por cuanto es de carácter restrictivos. Por esta razón, solo aplica cuando se trata de urgencia manifiesta», añadió el fiscal en las audiencias donde les imputaron cargos.
Estas presuntas irregularidades se dieron en la Alcaldía de Daniel Quintero Calle, a quien el pasado martes le iniciaron un proceso, junto a otras 12 personas, por supuestos hechos de corrupción con el lote Aguas Vivas.