En un esfuerzo por atender las crecientes necesidades de la población migrante, Medellín se ha convertido en la segunda ciudad de Colombia, tras Bogotá, en implementar una política pública migratoria. Esta nueva estrategia, diseñada para brindar apoyo a más de 23,800 migrantes, busca establecer un marco claro que facilite su integración en la sociedad y garantice acceso a servicios básicos.

Actualmente, aproximadamente el 9% de la población de Medellín está compuesta por migrantes venezolanos, una cifra que plantea un gran desafío para las autoridades locales. Uno de los problemas más apremiantes es que el 76% de estos migrantes se encuentra en edad laboral, pero enfrenta dificultades para acceder a empleos legales debido a su situación migratoria irregular.

Esta política migratoria de Medellín se articula en torno a ejes fundamentales que buscan ofrecer una respuesta integral y humanitaria. Entre los objetivos principales se encuentra la coordinación entre diferentes instituciones y la creación de rutas claras que orienten a la población migrante sobre los servicios disponibles. Este enfoque no solo busca mejorar el acceso a la salud y la educación, sino también fomentar la participación activa de los migrantes en la vida social y económica de la ciudad.

Paulina Suárez, concejal de Medellín aclara la integración de estrategias para apoyar a los migrantes que acoge esta política «acceso a servicios, participación». A su vez, diferentes concejales de Medellín han manifestado su apoyo a esta iniciativa, destacando su importancia para dignificar la vida de quienes han tenido que abandonar su país en busca de mejores oportunidades.

De acuerdo con los datos, cerca de 3,000 menores de edad migrantes están actualmente inscritos en diversas instituciones educativas de la ciudad, lo que subraya la necesidad de asegurar su acceso a una educación de calidad que les permita en un futuro acceder a un trabajo formal digno.

Esto incluye no solo la asistencia inmediata en situaciones de emergencia, sino también un enfoque a largo plazo que contemple el bienestar integral de los migrantes. Al proporcionar una estructura clara para acceder a servicios de salud, educación y empleo, la ciudad espera facilitar la integración y el desarrollo de los migrantes en su nueva comunidad.

Sin embargo, la implementación de esta política no está exenta de desafíos. La irregularidad en el estatus migratorio de muchos de estos individuos complica su acceso a servicios básicos, lo que puede llevar a situaciones de vulnerabilidad. Las autoridades han reconocido la necesidad de trabajar en conjunto con el gobierno nacional y organizaciones no gubernamentales para abordar estos problemas de manera efectiva.