La Gobernación de Antioquia ha puesto en marcha una ambiciosa campaña con el objetivo de reducir el contrabando de licores y cigarrillos, un fenómeno que le cuesta al departamento más de 260 mil millones de pesos cada año. Este dinero, que podría destinarse a financiar programas de salud, educación y deporte, está en manos de estructuras criminales que se benefician de este delito. Con esta nueva iniciativa, las autoridades buscan educar a los antioqueños sobre cómo identificar productos legales y así contribuir a la lucha contra el contrabando.

La campaña se centra en enseñar a los consumidores a reconocer las características que distinguen a los productos legales. En el caso de los licores, las botellas deben portar una estampilla que incluya un código QR y un código de barras, ubicados entre la tapa y el cuello. Al escanear este código, se puede acceder a información detallada sobre el producto, lo que ayuda a confirmar su legalidad. Además, las etiquetas deben estar en buen estado, y el código y la fecha de vencimiento deben coincidir en toda la información proporcionada.

Santiago Valencia, secretario de Hacienda de Antioquia, hizo un llamado a los ciudadanos: “La invitación a todos los antioqueños es a no consumir elementos de contrabando, que terminan fortaleciendo las estructuras criminales que hoy operan en el departamento”. Valencia también destacó que la cifra de pérdidas por contrabando de cigarrillos en el departamento este año asciende a más de 260,000 millones de pesos. Esto subraya la importancia de la campaña no solo como un esfuerzo de recaudación, sino como una medida para desmantelar el financiamiento de organizaciones criminales.

Por otro lado, los cigarrillos legales deben cumplir con ciertos estándares. Las cajetillas deben presentar un pictograma que advierte sobre el consumo de tabaco, y el código de barras debe estar impreso sin alteraciones. En el interior, solo debe haber cigarrillos. Según estadísticas recientes, el promedio nacional de contrabando de cigarrillos es del 35%, mientras que en Antioquia esta cifra asciende al 40%, lo que representa un incremento preocupante.

Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, resaltó la conexión entre el contrabando y el fortalecimiento de estructuras criminales en la región. “Estos recursos están siendo manejados por estructuras criminales, especialmente el Clan del Golfo, lo que nos preocupa enormemente, ya que esto permite un mayor control territorial”. Tavera enfatizó que, además de la campaña de sensibilización, se llevarán a cabo numerosos operativos para abordar este problema de manera directa.

Desde el inicio de este año, las autoridades han intensificado sus esfuerzos. Se han inspeccionado 6,432 comercios y más de 6,409 personas han recibido capacitación en 94 municipios. Esta labor es crucial no solo para detectar productos ilegales, sino también para educar a la población sobre las implicaciones del consumo de estos productos.

La lucha contra el contrabando es una tarea que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Es fundamental que cada antioqueño promueva el consumo responsable y legal.