Pocas cámaras de seguridad y falta de parque automotor para combatir a la delincuencia en municipios de Antioquia, son algunas de las problemáticas que, según los alcaldes, se podrían mitigar con recursos que provengan del proyecto a la tasa de seguridad de la Gobernación.

En varios municipios hay carencias con el parque automotor de la Fuerza Pública.

El apoyo de parte de los alcaldes de Antioquia al proyecto de la tasa de seguridad es generalizado. Muestra de eso fue la presencia de 100 mandatarios durante la rueda de prensa en la que el gobernador, Andrés Julián Rendón Cardona, argumentó por qué es necesario que se pueda hacer este recaudo. Algunos de los dirigentes municipales hablaron de las necesidades de sus territorios en orden público.

Hermán Antonio Correa Bedoya, alcalde de La Pintada, asegura que «con estas iniciativas y proyectos, vamos a poder mejorar el parque automotor y la infraestructura física de la estación de Policía. Podemos mejorar con este tema para garantizar la seguridad de todos los pintadeños».

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Por su parte, el mandatario de Tarazá, Yómer Fabián Álvarez, describe: «Nosotros hoy no podemos pedirle a nuestra Fuerza Pública que esté en los territorios cuando no tienen las garantías, cuando las estaciones de Policía no cuentan con las condiciones. Hoy los batallones están en condiciones precarias. En nuestro caso, el comandante del Batallón 24 me pide que le organicemos los vehículos porque están varados. Pero no tenemos los recursos para hacerlo. Eso es darle espacio a los grupos al margen de la ley, que la delincuencia gane espacio en nuestros territorios».

El panorama de dificultades que se mitigaría con la tasa de seguridad

El panorama es similar en muchos municipios: las principales necesidades están relacionadas con condiciones dignas para el personal de Fuerza Pública, infraestructura deficiente, falta de vehículos para patrullar y prestar vigilancia y refuerzo en sistema y redes de cámaras.

«Tenemos muy pocos hombres de seguridad en el municipio, de Policía. Hay unas instalaciones que no tienen los requerimientos para albergar a estos sindicados que tenemos en el municipio, entonces están en hacinamiento», expresa el alcalde de Caramanta, Juan Esteban Correa Cárdenas. «Tenemos que implementar cámaras para poder tener seguridad en cada una de las zonas del municipio. Confiamos en que, con este proyecto, vamos a poder subsanar cada una de esas problemáticas”, agrega.

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En el Suroeste antioqueño, exactamente en Andes, que ha sido permeado por grupos delictivos de origen local, por brazos de la Oficina y por el Clan del Golfo, el burgomaestre, Germán Vélez, resalta como una gran problemática «unos corregimientos que tienen alrededor de 5.000 y 6.000 habitantes, y allí ni siquiera hay un CAI de Policía. Necesitamos aumentar la Fuerza Pública y más cámaras de seguridad”.

El proyecto a la tasa de seguridad, que se cobraría por medio de los servicios públicos, está actualmente en debate en la Asamblea de Antioquia. Allí los diputados deberán votar para aprobarlo o rechazarlo. Se pretende recaudar 1.2 billones de pesos durante la actual Gobernación.