Tras la primera sesión en la audiencia de formulación de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y otras 10 personas, Daniel Quintero usó sus redes sociales para hacer pronunciamientos en los que usó calificativos, algunos de índole despectivos, para referirse a la exposición de la fiscal.

«Si bien todo ciudadano tiene un derecho fundamental a la libre expresión, este derecho encuentra unos límites. Esos límites son el interés general, el orden público y la seguridad nacional. Evidentemente, como es una figura pública, tiene un especial deber de respetar la administración de justicia y las partes intervinientes dentro del marco del proceso penal», explicó Juan Camilo Alava, abogado especialista en derecho penal.

A través de X, Quintero criticó la exposición de la Fiscalía. Lo hizo con frases como «imputación floja y mal hecha», «una intervención llena de mentiras infantiles insostenibles» y «la fiscal se enredó, una vergüenza». Esto podría llevar a que le impongan una restricción.

Quedó en veremos la imputación de la fiscalía por floja y mal hecha. El juez suspendió la audiencia y silenció al abogado de Fico. Fico va para la cárcel. pic.twitter.com/WURgep1dhm

— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) April 9, 2025

Daniel Quintero y el uso de redes sociales «pueden ser moduladas»

«También es cierto que sus opiniones personales pueden ser moduladas en el marco del proceso penal. Esto se da si se afecta el respeto a las garantías de las partes intervinientes. Es ahí donde surge la figura jurídica contemplada en el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal. Esta señala unas medidas correccionales que se pueden aplicar en el marco del proceso penal. Pueden ser amonestar a las partes cuando las manifestaciones u opiniones trasgreden ese orden público, la seguridad nacional o hay un irrespeto a la administración de justicia y las partes intervinientes», añadió el abogado.

Antecedente: Daniel Quintero fue imputado por dos delitos 

Especialistas en derecho penal aseguran que, aunque Daniel Quintero esté amparado bajo el argumento de la libertad de expresión, hay límites que no debería trasgredir. Hacer uso de sus redes sociales para dar opiniones personales podría llevar a que haya una restricción de parte del juez encargado del proceso.

«El deber correccional está a cargo del juez. A petición de la Fiscalía o del Ministerio Público, podrán hacer esa solicitud ante el juez, sea de garantías o de conocimiento, para que se module ese tipo de expresiones que atentan contra el interés general. Ya el juez decidirá si aplica medidas correctivas», concluyó Alava.

El proceso de formulación de imputación de cargos se reanudará el 21 de abril. Allí el juez 50 Penal de Medellín, con función de control de garantías, se pronunciará sobre la exposición de la fiscal y de las otras partes intervinientes. Además, se debe pasar a la etapa donde se indaga a cada uno de los procesados si aceptan o no los cargos imputados.