La Justicia Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al general retirado Mario Montoya y a ocho militares más, por 130 ‘falsos positivos’ en el Oriente antioqueño, entre 2002 y 2003.
Según la magistrada de la JEP, las pruebas demostraron que no fueron conductas aisladas sino que los ataques contra la población civil fueron sistemáticos.
