La comunidad exige justicia por la muerte de ‘Susy’ y sus cachorros.
Foto: Fiscalía
En el barrio Santo Domingo Savio de Medellín, un hombre identificado como Luis Fernando Galvis Blanco ha sido judicializado por la Fiscalía por presuntamente haberse hecho pasar como veterinario y realizar procedimientos quirúrgicos que resultaron fatales para una perrita llamada ‘Susy’ y sus dos cachorros.
El caso ha generado indignación entre la comunidad y las organizaciones defensoras de los derechos animales, quienes exigen justicia ante lo que consideran un caso flagrante de maltrato animal y fraude profesional.
El incidente ocurrió el 8 de noviembre de 2023, cuando Galvis Blanco fue llamado de urgencia para atender a ‘Susy’, una perrita que estaba a punto de dar a luz. Según la Fiscalía, el acusado procedió a realizar una cesárea y una ligadura de trompas sin contar con las credenciales ni la formación profesional necesarias para llevar a cabo este tipo de procedimientos médicos.
Como resultado de lo que han sido calificadas como malas prácticas veterinarias, los dos cachorros de ‘Susy’ fallecieron durante la intervención, y la perrita quedó en un estado crítico. A pesar de ser trasladada a otro centro veterinario, ‘Susy’ también perdió la vida horas más tarde.
Las investigaciones adelantadas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía Seccional Medellín revelaron que Galvis Blanco no tenía título profesional que lo acreditara como veterinario. Este detalle fue clave para que la Fiscalía lo imputara por los delitos de maltrato animal y falsedad personal. En su comparecencia ante un juez de control de garantías, Galvis Blanco no aceptó los cargos y, aunque seguirá vinculado al proceso judicial, aún enfrenta la posibilidad de severas sanciones penales.
Desde la promulgación de la Ley 1774 de 2016, las personas condenadas por maltrato animal que cause la muerte o lesiones graves a un animal pueden enfrentar penas de hasta 3 años de prisión. Además, la ley contempla la posibilidad de multas que pueden llegar a los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
