Familias y defensores de derechos humanos exigen acción inmediata ante maltratos, hacinamiento extremo, mala alimentación y extorsiones.
La estación de policía de La Candelaria, ubicada en el centro de Medellín, se encuentra inmersa en una polémica por denuncias de maltrato hacia personas privadas de la libertad.
Según testimonios de familiares y defensores de derechos humanos, algunos internos han sido sometidos a torturas físicas con choques eléctricos, golpizas y humillaciones.
Las denuncias aseguran que estas prácticas han sido ignoradas por las autoridades, y que también han generado un ambiente de abuso ejercido, por ciertos grupos de detenidos, que imponen su dominio a través del miedo y la violencia.
La estación de La Candelaria, diseñada como un espacio de paso, tiene uno de los niveles más altos de hacinamiento en la ciudad. Este problema preocupa a los internos y a sus familias.
A pesar de la orden emitida por la Corte Constitucional en octubre de 2019, que instruyó la reubicación de los detenidos en espacios más adecuados, la situación persiste. La orden también estableció la construcción de una cárcel para sindicados, pero el proyecto sigue sin materializarse, lo que agrava las condiciones en las estaciones de policía en Medellín.
Las denuncias más graves apuntan a actos de tortura con choques eléctricos y violencia física. Los familiares de los internos aseguran que estos métodos son utilizados por algunos detenidos para establecer control sobre el resto de la población que allí permanece.
Además, se reporta que las raciones de comida no son adecuadas. “No les brindan alimentación suficiente, hay personas que llevan semanas desnudas en un baño y la policía ni siquiera se entera de esto”, comentó Jorge Alberto Cardona, de la Veeduría Penitenciaria DD. HH. de Antioquia.
Las familias solicitan a las autoridades locales y nacionales que actúen para garantizar la seguridad y los derechos de los internos. Entre las exigencias principales está el cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional y la implementación de medidas que alivien el hacinamiento y pongan fin a los abusos denunciados.