También imputaron a 35 militares que estuvieron bajo el mando de los oficiales. Los hechos ocurrieron entre el 2004 y 2007.
Tres de los generales imputados fueron comandantes de la IV Brigada. Los acusan de liderar una política de de ‘conteo de cuerpos’ en la jurisdicción bajo su mando. También imputaron a otros 35 militares Foto: Archivo / TANoticias
Por crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales que pertenecieron a la IV Brigada del Ejército Nacional por 442 ‘falsos positivos’ en Antioquia.
Estos crímenes, según la JEP, se habrían perpetrado entre los años 2004 y 2007 en diferentes subregiones del departamento.
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Los generales (r) imputados y quienes comandaron la IV Brigada en esos años son Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo. También está Juan Carlos Piza Gaviria, entonces Jefe de Operaciones de la Brigada.
“La JEP los halló máximos responsables de liderar la política de facto de ‘conteo de cuerpos’ en la jurisdicción bajo su mando, pese a los riesgos comprobados que esta representaba para la población civil. Esto desató un patrón macrocriminal en el que cientos de personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas por los militares como falsas bajas en combate”, aseguraron.
#ATENCIÓN | La #JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional por 442 ‘falsos positivos’ en Antioquia entre 2004 y 2007. #Caso03 #Antioquiahttps://t.co/SWv1WZM50B
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La JEP aseguró que los oficiales privilegiaron la “muerte en combate” como un exclusivo indicador para medir el éxito del esfuerzo militar.
“Contaban permanentemente y de manera obsesiva y pública (en los programas radiales con las tropas) las bajas y las comparaban (rankings a nivel de división, brigada y batallón), promoviendo la competencia entre unidades. Pusieron en marcha un conjunto de incentivos positivos y negativos para favorecer la producción de bajas”, añadieron.
Imputan a 35 militares
Junto a los generales también imputaron a 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones “por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes”.
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A su vez, se vincularon a dos civiles que habrían hecho parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares “para que las asesinaran”.
La Sala de Reconocimiento de la Verdad estableció que en esos tres años (2004 y 2007) se registraron, al menos, 270 hechos que habrían dejado 442 víctimas. A 434 de esas personas las asesinaron mientras que 8 lograron sobrevivir. Además, del total de las víctimas, 203 sufrieron desaparición forzada, mientras que 41 de éstas fueron torturadas.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, recordó que todo funcionario público, sin importar su jerarquía, debe rendir cuentas ante la justicia y el país si participó en la comisión de estos crímenes.
La investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad permitió a la sala conocer cómo los comandantes de la IV Brigada pusieron en marcha una política de facto en la que:
1️⃣ Privilegiaron la “muerte en combate” como el único indicador real para medir el éxito del esfuerzo… pic.twitter.com/M1PI1SYnte
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«La práctica de las ejecuciones extrajudiciales se ensañó contra los más débiles y vulnerables de la sociedad colombiana: menores de edad, habitantes de calle, personas en condición de discapacidad, desempleados, campesinos estigmatizados, integrantes de la población LGBTI, entre otros», dijo el presidente Ramelli.
