La reciente decisión del gobierno colombiano, de aumentar en un 30 % el arancel al acero importado, ha desatado una fuerte controversia entre la administración nacional y el sector de la construcción. Este nuevo decreto, que busca proteger la industria nacional, ha sido recibido con críticas por parte de Camacol, la principal asociación de la construcción en el país, que advierte que el impacto podría superar el 3% en los costos de vivienda.

El Ministerio de Comercio, liderado por el ministro Luis Carlos Reyes, asegura que este ajuste no afectará significativamente el costo final de las viviendas. Según Reyes, la importación de alambrón de hierro y acero proveniente de países como China no tendría un impacto representativo en los costos de la vivienda de interés social. “Estamos hablando de un máximo aumento de medio punto porcentual en los costos, lo que consideramos que no tendrá un impacto significativo, ni siquiera medible, en el sector vivienda”, afirmó el ministro.

Sin embargo, la visión del gremio de la construcción contrasta con la del gobierno. Según Camacol, los costos de producción para la vivienda de interés social son considerablemente más altos. Se estima que entre el 50 % y el 60 % del valor de una vivienda corresponde a costos directos, donde materiales como el acero y el aluminio representan más del 20 %. Por lo tanto, el impacto del aumento de aranceles podría ser mucho más elevado de lo que el gobierno afirma.

El debate sobre el arancel al acero se enmarca en un contexto más amplio de la política económica del gobierno actual. Mientras que argumentan que se busca proteger a los productores locales y fomentar el crecimiento de la industria nacional, los críticos temen que estas políticas proteccionistas terminen por encarecer los productos y limitar la oferta de viviendas accesibles.