El Gobierno, tras duras críticas a la empresa Thomas Greg & Sons, extendió su contrato hasta 2025, contradiciendo su propia promesa de cambio.
Nuevo capítulo en el tire y afloje de la expedición de pasaportes en Colombia: tras duras críticas a la empresa Thomas Greg & Sons, el Gobierno extendió su contrato hasta 2025, contradiciendo sus propias promesas de cambio y con esto desató un debate que pone en jaque la confianza en las instituciones encargadas de manejar un documento esencial para los colombianos.
Esta decisión, anunciada por el canciller Luis Gilberto Murillo, no solo prolonga la incertidumbre, sino que introduce un nuevo actor en la escena: el gobierno de Portugal, que asumirá la responsabilidad de la expedición de pasaportes durante una década. Pero, ¿qué llevó al Gobierno a hacer este giro inesperado? Y, lo que es más preocupante, ¿cómo afectará esto a los ciudadanos que dependen de un proceso expedito y eficiente para obtener su pasaporte?
Con voces críticas desde el Senado y la opinión pública en vilo, el tema de los pasaportes se ha convertido en un terreno resbaladizo donde se entrelazan intereses nacionales e internacionales.
¿Cuándo se armó la pelea?
La polémica comenzó cuando se reveló que el Gobierno de Gustavo Petro, pese a sus objeciones iniciales, decidió extender el contrato de Thomas Greg & Sons, la empresa encargada de la emisión de pasaportes en Colombia, hasta 2025. La noticia sorprendió a muchos, especialmente porque esta decisión llegó después de un arduo debate en el Senado, donde se cuestionó la transparencia y eficiencia del proceso.
La Cancillería, en su defensa, argumentó que esta extensión era necesaria para evitar una crisis en la emisión de pasaportes, dado el incremento inesperado en la demanda que desbordó el presupuesto inicial. Para sumar a la controversia, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció que a partir de 2025, el gobierno de Portugal asumirá la tarea de producir los pasaportes por diez años. Esta movida estratégica, que incluye una adición de 21.000 millones de pesos al contrato con Thomas Greg & Sons, ha dejado más preguntas que respuestas.
¿Qué pasará con el contrato actual y cómo afectará a los ciudadanos?
La incertidumbre se profundiza con la falta de claridad sobre quién será el encargado de la transición en octubre de 2024. Además, las críticas se intensifican con la implicación de figuras políticas y familiares del ex canciller Álvaro Leyva, lo que ha generado un manto de sospecha sobre posibles conflictos de interés. Este escándalo puso en evidencia las complejidades y los desafíos en la gestión de un servicio público tan fundamental como la expedición de pasaportes.
A pesar de la controversia, el anuncio del gobierno de Portugal como el próximo encargado de la emisión de pasaportes trae consigo algunas oportunidades positivas para Colombia. En primer lugar, la participación de un país con experiencia en la producción de documentos electrónicos puede asegurar una transición técnica sólida y moderna. Además, la posibilidad de que la Imprenta Nacional asuma esta tarea en el futuro cercano podría fortalecer la capacidad institucional del país, permitiendo que Colombia maneje internamente un proceso tan crucial como la emisión de pasaportes. También, la supervisión continua de Thomas Greg & Sons durante la transición podría minimizar los riesgos de interrupciones en el servicio, algo fundamental para mantener la confianza de los ciudadanos.
Un año de tranquiidad mientras se resulve definitivamente la crisis
El manejo del contrato de pasaportes ha dejado varios puntos negativos que no pueden ser ignorados. El primero es la falta de transparencia en la toma de decisiones, especialmente en la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons, una medida que contradice las críticas previas del gobierno. Además, la incertidumbre sobre quién se encargará de la emisión de pasaportes después de octubre de 2025 genera una preocupación legítima entre los ciudadanos que necesitan este documento. Otro aspecto preocupante es la aparente influencia de figuras políticas y familiares en las decisiones, lo que ha despertado sospechas de posibles conflictos de interés.
La adición de 21.000 millones de pesos al contrato actual también plantea dudas sobre la planificación financiera y la capacidad de prever el aumento en la demanda. Finalmente, la falta de claridad en la transición hacia el nuevo modelo de emisión de pasaportes aumenta la desconfianza en la capacidad del gobierno para manejar este proceso de manera efectiva.
La situación actual, marcada por la extensión del contrato con Thomas Greg & Sons y la futura participación de Portugal, revela las complejidades de la gestión pública y la necesidad de transparencia en los procesos. Aunque la transición hacia la Imprenta Nacional promete mejorar la capacidad institucional del país, las dudas sobre la transparencia y los posibles conflictos de interés siguen presentes.
*Este contenido fue depurado con la ayuda de Inteligencia Artificial, basado en información recolectada y redactada inicialmente por nuestro equipo periodístico. Su publicación y curaduría contaron con la revisión de un periodista y un editor humanos.
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Fuentes de “Gobierno extendió contrato de emisión de pasaportes”
