El gobernador Andrés Julián Rendón Cardona aseguró que la resolución 377 del 26 de diciembre de 2024 es improcedente.

Concejales piden 'suroeste distrito agropecuario'

La resolución 377 pretende delimitar las actividades económicas en el territorio del Suroeste antioqueño. Foto: Archivo

La Gobernación de Antioquia demandará la resolución 377 del 26 de diciembre de 2024, firmada por la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, con la que el Gobierno Nacional pretende delimitar el uso del suelo para actividades económicas como la minería y ganadería en el Suroeste del departamento.

Es decir que en las áreas seleccionadas por el Ejecutivo solo se podrían realizar actividades propias de agricultura priorizando la producción de 49 productos agrícolas y que, incluso, podría restringir el uso del suelo para propiedades destinadas al turismo y la recreación.

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Estas llamadas Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), por supuesto, no cayeron nada bien en los líderes municipales y regionales.

El mismo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, aseguró que dicha resolución “es una usurpación que le hace el Gobierno Nacional en su lucha ideológica por querer oponerse a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la minería” y que por ello demandarán la medida.

“Los concejos municipales son los únicos competentes en la Constitución y en la Ley de Colombia para definir los usos del suelo, para establecer dónde se hace industria, dónde se hace vivienda, dónde se desarrolla el comercio, dónde se desarrollan las distintas actividades (…) Nosotros, por nuestra parte, vamos a demandar esa resolución por improcedente”, aseguró Rendón.

Gremios rechazan la resolución

El Ministerio de Agricultura, según lo establecido, buscaría aplicar la resolución en un 39,2 por ciento del total del territorio de la subregión donde las actividades económicas, en su orden, son la producción de café, la ganadería, la minería y el turismo, actividades que, según las denuncias, se verían seriamente afectadas en esos polígonos.

Sin embargo, la ministra Carvajalino aseguró que el Gobierno Nacional no está sobrepasando sus competencias pues, según ella, no limita las actividades económicas de la subregión.

“Nuestra definición no limita actividades ni determina usos, y si nos permite acercarnos a donde hoy se desarrolla la actividad agropecuaria para protegerla. Con la declaratoria de estas áreas, una vez adelantamos el proceso iniciado, salvaguardaremos, de los cambios de uso irregular del suelo rural, las actividades agrarias que ponen alimentos en las ciudades”, aseguró la ministra Carvajalino.

Por su parte, los 35 gremios afiliados a Intergremial Antioquia también manifestaron su preocupación por la resolución pues, según ellos, el Gobierno Nacional busca redefinir la vocación económica de una de las subregiones que generan más recursos al departamento.

“La gravedad de esta resolución radica en que se afectará la competitividad del departamento y provocará una parálisis en los sectores productivos, generando graves impactos en el tejido empresarial y social en el Suroeste antioqueño. Desde el Intergremial hacemos un llamado a todos los actores empresariales, públicos y sociales para defender la autonomía de nuestro territorio”, escribieron en su cuenta de X.

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