El Consejo de Estado aceptó una demanda contra una resolución del presidente Gustavo Petro que designó a cuatro líderes disidentes de las Farc como gestores de paz. Uno de los afectados es Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, quien había sido capturado el pasado mes de julio en un retén del Ejército instalado en jurisdicción del municipio de Cisneros, cuando se movilizaba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección en Antioquia con armamento y una alta suma de dinero.
La demanda fue interpuesta por el activista político Santiago Suárez Morales y argumenta que esta resolución viola la Constitución, el Código Penal y otros códigos legales, por lo que pide sea declarada nula. El demandante busca proteger los derechos de las víctimas de las disidencias, asegurando que los designados como gestores de paz enfrenten procesos penales justos que respeten los principios de verdad, justicia y reparación.
La resolución que nombra a «Firu» y otros disidentes como gestores de paz fue emitida el 30 de agosto de 2024. Se espera que estos gestores de paz colaboren con la justicia, firmando un acta de compromiso y rindiendo informes mensuales sobre sus actividades a la Oficina del Alto Consejero para la Paz.
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La figura de los gestores de paz ha sido utilizada en diversas ocasiones por el gobierno colombiano para involucrar a actores que buscan contribuir a la reconciliación y la paz. Sin embargo, la inclusión de líderes disidentes como «Firu» ha generado controversia, sobre todo después de su captura en julio de 2024, cuando fue detenido por el Ejército en Antioquia con armamento y una suma considerable de dinero.
