Tres representantes legales de compañías de seguridad privada fueron judicializados, porque harían parte de un entramado ilegal que carnetizaba y expedía certificados de escoltas a cabecillas y a otros miembros de estructuras criminales, con el fin de conseguir aval para usar y portar armas de fuego.
Algunas de las armas incautadas, que están siendo analizadas por las autoridades.
La investigación permitió identificar a 3 presuntos miembros de un entramado ilegal con el que conseguían que compañías de seguridad expidieran certificados a cabecillas para que pudieran portar armas de fuego.
Las pesquisas establecieron que entre los favorecidos estaban Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, jefe del Clan del Golfo en el Magdalena Medio que fue abatido recientemente en límites entre los municipios de San Luis y Puerto Triunfo. También está Juan Carlos Castro, uno de los actuales jefes de la Oficina al que apodan Pichi Belén que tiene antecedentes condenatorios de 6 y 18 años de prisión por delitos como concierto para delinquir y homicidio.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con @PoliciaColombia, detectó una maniobra fraudulenta en la que empresas de seguridad carnetizaban como escoltas a cabecillas e integrantes de estructuras criminales, y les autorizaban el porte de armas de fuego. Los… pic.twitter.com/qzfDoQ0aYJ
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 3, 2025
«Los representantes de estas compañías fueron capturados y judicializados. Se trata del coronel en retiro Pedro Alexánder Ruiz Pulido, el capitán en retiro José Ómar Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional, y el ciudadano Jorge Oswald Castaño Galido», explicó Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada en la Fiscalía.
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«La primera fase nos permite la captura de 3 personas, pero también la incautación de más de 1.800 millones de pesos representados en bienes muebles e inmuebles, que serán objeto de extinción de dominio. También incautamos 100 armas de fuego incautadas, que serán analizadas para determinar si fueron utilizadas en actos criminales», dijo el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional.
Certificado de escolta expedido a Oliverio Isaza, alias Terror.
A Pichi Belén le ayudaron a tramitar un certificado para que le devolvieran un arma de fuego
Uno de los casos investigados fue la incautación de un arma de fuego en abril de 2024 a alias Pichi Belén. Se la decomisó la Policía cuando presuntamente amenazó a una persona en plena zona rosa del Parque Lleras. El arma tenía salvoconducto y por eso el señalado cabecilla quedó libre. Los investigadores lograron interceptar la siguiente conversación entre el capitán en retiro José Ómar Urrego Chitiva y un tercero:
- —Decomisaron un arma en Medellín y necesitan una carta para que él, como si fuera miembro de la compañía, para que usted la haga —solicitó el oficial.
- —¿Una certificación laboral? —contestó el contacto.
- —Sí, sí , sí. Llámelo y dígale qué necesita porque él mañana necesita viajar a recoger esa arma—.
- —Listo, de una —.
La investigación evidenció que 60 de los escoltas certificados por las 3 empresas, tienen antecedentes penales por diferentes delitos. A los capturados les imputaron cargos por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito. Ninguno los aceptó.
