Colombiana demanda a Joe Biden y Kamala Harris por espionaje mediante un dispositivo implantado en su cuerpo tras la vacuna COVID-19.
En un giro sorprendente, el sistema judicial colombiano ha sido escenario de una peculiar petición que involucra al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su vicepresidenta Kamala Harris.
Una ciudadana de Ibagué ha presentado una tutela, alegando que el gobierno estadounidense la espía mediante un dispositivo de inteligencia artificial, implantado en su cuerpo tras recibir la vacuna contra el COVID-19.
Este inusual caso ha generado reacciones en todo el país y ha capturado la atención de los medios internacionales. En su demanda, la mujer exige una compensación de 50 millones de dólares, argumentando que el supuesto implante vulnera su privacidad y derechos fundamentales.
Lo insólito del caso no solo radica en las acusaciones de espionaje, sino en el hecho de que la ciudadana colombiana afirma tener pruebas de la existencia del dispositivo implantado. En su defensa, sostiene que la falta de respuesta a un derecho de petición enviado a la Casa Blanca debería ser vista como una admisión de los hechos.
¿Qué dice la tutela?
La mujer ha presentado una acción de tutela ante un juez de Girardot, Cundinamarca, en la que no solo demanda al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, sino que también exige una indemnización de 50 millones de dólares.
Más curioso aún es que la demandante reclama que la cuantía debe ser libre de impuestos y que el pago se realice en oro y plata. Además, ha vinculado este supuesto espionaje a un incidente de ciberacoso y a una agresión física que sufrió hace dos años.
Mientras tanto, el sistema judicial colombiano se enfrenta al desafío de tratar una solicitud sin precedentes, lo que abre un debate sobre el uso y los límites de la acción de tutela en casos internacionales.
Si bien el sistema jurídico colombiano permite interponer tutelas para proteger los derechos fundamentales, el contexto internacional y la inmunidad soberana que disfrutan los jefes de Estado complican la viabilidad de este recurso.
Aunque el caso probablemente será rechazado por improcedente, destaca un creciente malestar social y la creciente preocupación sobre la privacidad en la era tecnológica.
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