En Colombia, la trata de personas se ha convertido en un fenómeno alarmante que afecta a miles de ciudadanos. En lo que va de 2024, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha identificado y asistido a 288 víctimas de este delito.

De las 288 personas atendidas, se ha reportado que 120 son víctimas directas de la trata, mientras que 168 han sido clasificadas como víctimas indirectas. Las regiones más afectadas incluyen Norte de Santander, Antioquia y el departamento del Putumayo. La creciente incidencia en estas zonas subraya la necesidad de una respuesta contundente por parte del Estado y la sociedad civil.

Uno de los datos más preocupantes es la baja tasa de judicialización y condena en casos de trata de personas. A pesar de la gravedad del problema, las cifras de sentencias son desalentadoras. Las autoridades han señalado que el sistema judicial enfrenta múltiples desafíos para abordar este delito, lo que contribuye a la impunidad y perpetúa el sufrimiento de las víctimas.

Un análisis de la nacionalidad de las víctimas revela que aproximadamente el 40% corresponde a población venezolana, otro 40% son colombianos, y el restante 20% proviene de países como Brasil, Ecuador, Inglaterra e incluso Cuba. Este patrón sugiere que la trata de personas en Colombia no solo es un problema interno, sino que también involucra redes internacionales que operan a lo largo de la región.

En cuanto a las finalidades de la trata, el 60% de los casos se relaciona con la explotación sexual, un fenómeno que afecta principalmente a mujeres de entre 18 y 26 años.

La trata de personas también se manifiesta en otras formas de explotación, como el trabajo forzoso, que representa el 20% de los casos, y la servidumbre mendicidad ajena, que constituye el 5%. Además, el matrimonio servil, donde una persona es prometida en matrimonio a cambio de una dote, se presenta en un 5% de los casos, revelando prácticas que aún persisten en ciertas culturas.

Un factor que complica aún más la situación es la posible complicidad de familiares en la explotación de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad. En algunos casos, los propios familiares pueden estar al tanto de la explotación o incluso involucrados en el proceso. Esto plantea un reto adicional para las autoridades, que deben abordar no solo la explotación, sino también las dinámicas familiares que pueden facilitarla.

La OIM y otras organizaciones han realizado un llamado urgente para que se fortalezcan las políticas de prevención y atención a víctimas de trata. De acuerdo a lo que mencionan, es fundamental que se establezcan mecanismos efectivos de denuncia y protección para quienes sufren este delito.

Por otro lado, las estadísticas indican que la crisis de la trata de personas no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene un impacto amplio en las comunidades. La trata perpetúa ciclos de violencia y desigualdad que afectan a la sociedad en su conjunto.