La condena es la más alta impuesta a un extranjero en Colombia por este delito. El caso revela una red de abuso que operaba en línea.
En un hito judicial para Colombia, un tribunal de Medellín condenó a Thomas Michael Renno, un ciudadano estadounidense de 72 años, a 30 años y 6 meses de prisión por la explotación sexual de menores. Esta sentencia marca un precedente en el país, ya que se trata de la condena más severa registrada contra un extranjero por este tipo de delitos.
La decisión del juez penal de conocimiento subraya la gravedad de los crímenes cometidos por Renno, quien fue hallado culpable de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años agravada. Además, se le acusó de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales agravadas en un contexto que revela una preocupante red de abuso a través de plataformas digitales.
La investigación comenzó cuando las autoridades estadounidenses alertaron a sus homólogos colombianos sobre un caso que involucraba un computador en Medellín. Este equipo era utilizado para publicar contenido sexual explícito y ofrecer servicios íntimos a menores de edad a través de diversas aplicaciones.
La información implicaba a un hombre que, desde San Francisco, mantenía conversaciones virtuales con menores en Medellín. Renno se hacía pasar por diferentes perfiles en línea, utilizando nombres como Tom Renno, Tom Rene y Tom Reinolds, y ofrecía sumas de dinero a cambio de encuentros sexuales.
Entre mayo de 2017 y mayo de 2018, Renno ingresó a Colombia en siete ocasiones a través del aeropuerto José María Córdova, donde estableció contacto con niñas y adolescentes a las que inducía a realizar actos sexuales.
Durante el juicio, se presentó evidencia que demuestra cómo Renno utilizaba comunidades virtuales para localizar a sus víctimas. En su interacción con ellas, ofrecía dinero y regalos, creando una fachada engañosa de amistad y protección, lo que facilitó sus actos delictivos.
La sentencia no solo busca castigar al ‘culpable’, sino también disuadir a otros de considerar actos similares. La decisión es un gran paso hacia la protección de los derechos de la infancia, un tema que ha cobrado cada vez más relevancia en el debate público y político en Colombia.