La región del Valle de Aburrá se enfrenta a un alarmante aumento de ciberdelitos que afectan gravemente a los comerciantes locales. En un contexto donde la digitalización avanza rápidamente, los delincuentes están utilizando las redes sociales como un canal para realizar extorsiones, poniendo en riesgo tanto la seguridad económica como personal de los propietarios de negocios.

Los informes recientes indican que estos ciberdelincuentes acceden a información privada de las empresas a través de las plataformas digitales. Al hacerse pasar por clientes, logran recopilar datos que utilizan para amenazar a los comerciantes. En muchos casos, los criminales solicitan servicios de entrega, lo que les permite obtener información crucial, como la ubicación de los negocios y los detalles de los vehículos que utilizan para operar.

Una de las tácticas más preocupantes que han emergido es la creación de un escenario en el que los delincuentes, tras hacerse pasar por clientes, llevan a las víctimas a zonas rurales donde no pueden comunicarse con su familia o con la policía. Esto les permite ejecutar sus amenazas sin interferencias. En algunos casos, los delincuentes exigen pagos que oscilan entre los 10 y 40 millones de pesos, utilizando un lenguaje intimidante y proporcionando información que solo alguien con acceso a la víctima podría conocer.

Según el testimonio de un comerciante, que prefirió permanecer en el anonimato, la experiencia fue aterradora. «Me hicieron creer que tenían a un empleado secuestrado. Recibí llamadas de personas que se identificaban como miembros de un grupo armado. Me daban detalles precisos sobre mi ubicación y la de mis empleados, lo que aumentaba mi temor», relató.

Los datos revelan que las zonas más afectadas incluyen áreas de San Antonio de Prado y Envigado, donde los delincuentes se han vuelto más audaces al utilizar estas estrategias. La falta de seguridad en estas áreas, combinada con la creciente dependencia de la tecnología para las operaciones comerciales, ha creado un caldo de cultivo para el crecimiento de estas actividades criminales.

La Policía Nacional y las autoridades locales han comenzado a tomar medidas para combatir este fenómeno. Se han establecido líneas directas de contacto para que los comerciantes reporten incidentes de extorsión y se les está ofreciendo asesoría sobre cómo proteger su información en línea. Sin embargo, muchos comerciantes sienten que estas acciones son insuficientes.

Algunos expertos en ciberseguridad sugieren que los comerciantes deben implementar medidas proactivas para salvaguardar su información. Esto incluye el uso de herramientas de protección de datos, así como la capacitación de empleados para reconocer posibles intentos de fraude.