La Gobernación de Antioquia mejora 14 cárceles y 13 casas de justicia. Con esta inversión se busca dignificar las condiciones de los privados de libertad y la comunidad.

Antioquia destina 3 mil millones para transformar cárceles y casas de justicia

La Gobernación de Antioquia ha anunciado una inversión de 3,000 millones de pesos destinada a la mejora de las condiciones en cárceles y casas de justicia en diversas subregiones del departamento. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo principal dignificar la vida de la población privada de libertad y facilitar el acceso a servicios judiciales más cercanos a los ciudadanos.

Las remodelaciones incluyen una serie de mejoras estructurales y funcionales en 14 cárceles municipales. Entre los cambios más destacados se encuentran la renovación de chapas, pisos y muros, así como la mejora de los apartados sanitarios y la instalación de griferías en las duchas. Estas obras son parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno departamental para garantizar condiciones más humanas para quienes se encuentran en el sistema penitenciario.

Las cárceles que están siendo objeto de estas mejoras se encuentran en municipios como Abejorral, Amagá, Barbosa, Ríonegro, El Bagre y Urrao. La gobernación ha enfatizado que estas reformas son fundamentales para mejorar la habitabilidad y el bienestar de la población carcelaria, lo que a su vez puede contribuir a la rehabilitación y reintegración social de los internos.

Además de las reformas en las cárceles, la gobernación también está fortaleciendo 13 casas de justicia y un centro de convivencia en el municipio de Sonson. Estas instalaciones son esenciales para que la comunidad acceda a servicios de justicia, como asesorías legales, mediación y resolución de conflictos. Con la mejora de estas casas, se espera que los ciudadanos tengan un acceso más fácil y rápido a los servicios judiciales.

Las casas de justicia desempeñan un papel crucial en la promoción de la justicia cercana al ciudadano, un concepto que busca acercar la administración de justicia a las comunidades, especialmente en áreas rurales. La gobernación considera que este enfoque es vital para aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y mejorar la percepción general del sistema judicial.