En medio de la COP16, un evento crucial para el futuro del medio ambiente, se ha puesto de manifiesto una realidad: el 66 % de los asesinatos de líderes ambientalistas en Colombia sigue sin resolverse. Este alarmante dato fue presentado por la Fundación Pares, que destacó el grave problema de la impunidad que rodea estos crímenes en un país que, tristemente, ostenta un récord negativo en la protección de sus defensores ambientales.

Colombia es considerada uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos ambientales. En el último año, el país ha registrado más de 360 asesinatos de líderes sociales y ambientales, lo que resalta la vulnerabilidad de quienes se atreven a proteger la biodiversidad y los recursos naturales. La violencia no solo se dirige hacia individuos, sino que también afecta comunidades enteras que luchan por sus territorios contra grupos armados y actividades extractivas.

La Fundación Pares, en su informe, indica que del total de asesinatos registrados, un 50% están relacionados con grupos armados ilegales.

La impunidad en estos casos no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que también desincentiva la participación de otros líderes que podrían contribuir a la defensa del medio ambiente.

Durante la COP16, diversos actores sociales y ambientalistas han hecho un llamado a los gobiernos para que refuercen sus compromisos en la protección de los defensores ambientales. Este evento representa una plataforma importante para visibilizar la problemática y generar un debate sobre las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente.

Los asesinatos de líderes ambientales no solo impactan a las personas, sino que tienen consecuencias devastadoras para el entorno. La ausencia de defensores en el territorio puede llevar a la explotación desmedida de los recursos naturales, lo que a su vez afecta la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

Las corporaciones ambientales en Colombia están tomando medidas para proteger la biodiversidad y asegurar la recuperación de zonas afectadas, como la Serranía de San Lucas. Estas iniciativas buscan crear corredores de conectividad ecosistémica que permitan la conservación de los recursos naturales y la protección de los derechos de las comunidades locales.