Mediante un comunicado la Defensoría del Pueblo, alertó por el confinamiento que está viviendo la población del Chocó, luego de que el ELN decretara paro armado. Serían 45 mil personas de las comunidades étnicas de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, a las que les están vulnerando sus derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales.
Además del paro armado, la confrontación y disputa territorial del grupo rebelde con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá.