La JEP imputó seis exmiembros del Secretariado de las Farc, entre ellos, Timochenko, Pastor Alape y Pablo Catatumbo. Foto: Archivo 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis ex miembros del Secretariado de las Farc a quienes acusan de haber reclutado, entre 1971 y 2016, a 18.677 niños, niñas y adolescentes que, entre otros vejámenes, fueron víctimas de abuso sexual y sometidos a torturas, algunos de ellos, insluso, fueron asesinados al intentar escapar o a negarse a pertenecer a la extinta guerrilla.

Los imputados por estos crímenes, considerados de lesa humanidad, son Rodrigo Londoño Echeverry (alias ‘Timochenko’), Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Jaime Alberto Parra Rodríguez (alias ‘el Médico), Milton de Jesús Toncel Redondo (alias ‘Joaquín Gómez) y Julián Gallo Cubillos (alias ‘Carlos Antonio Lozada’).

“La magistratura determinó que cada uno de estos comparecientes, con sus acciones y omisiones durante su vida activa en la guerrilla, son responsables de cinco patrones macrocriminales determinados”, indicó la magistratura.

Estos patrones fueron, en primer lugar, el reclutamiento de menores de 15 años, seguido por los malos tratos, las torturas y homicidios en su contra, así como la violencia reproductiva que afectó a niñas reclutadas, las violencias sexuales en su contra de los niños y la violencia basada en el prejuicio de su orientación sexual o identidad de género.

“La JEP llama a reconocer responsabilidad a los comparecientes como autores por mando (por omisión) y no por autoría material directa, por los crímenes de guerra de tortura, violación, esclavitud sexual. Si bien estas prácticas estaban prohibidas por reglamentos internos de las Farc-EP, la Sala encontró que ellos omitieron sus deberes como comandantes de adoptar las medidas eficaces para controlar las tropas bajo su mando y así prevenir y sancionar estos actos”, explicó la JEP.

Y es que el 24 por ciento de los menores reclutados aseguró haber sufrido algún tipo de violencia basada en género durante su vida en las filas de la antigua guerrilla. De este grupo, el 91 por ciento corresponden a, el 9 por ciento a hombres y el 7 por ciento a una identidad de género diversa, lo que demostraría las crueles condiciones en las que vivían las víctimas.

Niños reclutados que no aparecen

Para la JEP uno de los temas de mayor relevancia tiene que ver con los 5.229 menores de edad (28 por ciento) que fueron reclutados y de los cuales no se conoce su paradero.

“Las familias han liderado iniciativas de búsqueda en condiciones adversas y sin apoyo institucional, enfrentando una escasa respuesta estatal, la falta de recursos económicos y el temor ante posibles represalias”, indicaron.

Hasta el momento, informó la JEP, se ha logrado la identificación y entrega de 8 cuerpos recuperados, 6 de los cuales fueron víctimas de reclutamiento y 2 de ellos murieron de manera violenta aun siendo menores de 18 años.

“La Sala dio la orden de Adoptar el Plan de Apoyo a la Búsqueda de Personas Dadas por Desparecidas para el Caso 07, vinculando a la Unidad de Búsqueda y exhortando al Instituto Nacional de Medicina Legal para realizar un trabajo articulado para lograr cumplir los objetivos del plan”, añadieron.

Crímenes contra los pueblos indígenas

Según la JEP las Farc atentaron contra las comunidades étnicas de las zonas más alejadas del país reclutando a sus niños y niñas. Alrededor de 8.903 víctimas pertenecen a cinco pueblos indígenas.

“La Sala constató que las antiguas Farc-EP se sirvieron de la vulnerabilidad histórica de estas comunidades, causada por el racismo y la desprotección estatal, para llegar a sus territorios con promesas de ayuda o mediante la imposición de normas sociales y territoriales y afectando las tradiciones y la estructura del gobierno propio”, revelaron.

Las estrategias de reclutamiento en estas comunidades, según la JEP, eran tres. La primera, el engaño: prometían comida, trabajo, estudio o poder ver a familiares previamente reclutados. La segunda era la persuasión ideológica, convenciéndolos de unirse a la lucha armada y, la última era el uso de la fuerza, amenazándolos o extrayéndolos de sus territorios.

Los exlíderes guerrilleros, las víctimas y la Procuraduría tendrán un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse sobre esta imputación que demuestra la crueldad que padecieron los niños y niñas en medio del conflicto armado colombiano.